Madrid, 9 de marzo de 2026. La Fundación del Lesionado Medular (FLM) ha celebrado un encuentro institucional con María Teresa Sancho, directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en el que se analizaron los principales retos de las políticas públicas relacionadas con discapacidad, dependencia y envejecimiento, así como las posibles sinergias entre ambos ámbitos.
El acto, celebrado en la sede de la entidad en Madrid, reunió a representantes del sector social, empresarial y asociativo vinculados al ámbito de la discapacidad, en un espacio de diálogo destinado a reflexionar sobre el futuro del sistema de apoyos y cuidados en España. El presidente de la Fundación del Lesionado Medular, Ken Mizukubo, destacó durante la apertura del encuentro la importancia de generar espacios de colaboración entre instituciones y entidades sociales. “Nuestro objetivo es aprender, crear sinergias y seguir trabajando conjuntamente por y para las personas con discapacidad”, señaló.
Durante su visita, la directora general del IMSERSO tuvo ocasión de conocer las instalaciones de la Fundación del Lesionado Medular y los programas que desarrolla la entidad en ámbitos como la rehabilitación, la innovación tecnológica y la promoción de la autonomía personal. Sancho destacó el valor del trabajo que realiza la Fundación y animó a reforzar las redes de colaboración entre instituciones públicas y entidades sociales. “Es fundamental construir red. En todo lo que estáis haciendo en innovación y en atención a las personas hay muchas posibilidades de colaboración”, afirmó.
Discapacidad y dependencia: dos conceptos distintos con una creciente convergencia
Durante el encuentro, una de las primeras cuestiones planteadas abordó la relación entre discapacidad, envejecimiento y dependencia. Sancho subrayó que, aunque se trata de realidades diferentes, ambas están cada vez más interrelacionadas.
“La discapacidad y la dependencia son dos conceptos distintos que nacen en contextos diferentes, pero a medio plazo están cada vez más unidos”, explicó. Según indicó, la evolución del sistema de apoyos está acercando ambos ámbitos, especialmente en el reconocimiento de derechos y en el enfoque centrado en la autonomía personal. En este sentido, destacó que el movimiento de la discapacidad ha sido históricamente pionero en impulsar conceptos como la vida independiente o la autonomía, avances conceptuales que están influyendo en la transformación de las políticas de dependencia. “La cultura de la discapacidad es conceptualmente más avanzada porque está presidida por el concepto de autonomía”.
Otro de los ejes del diálogo fue la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Sancho explicó que el nuevo texto pretende reforzar aspectos clave como la accesibilidad universal, los derechos de las personas que necesitan apoyos y el impulso a la vida independiente. “Se mejora mucho el papel de la accesibilidad universal, de los derechos y de la autonomía personal. Es una reforma que desarrolla muy bien los conceptos, aunque en algunos casos la concreción depende de las comunidades autónomas”, señaló. Asimismo, recordó que el propio nombre de la ley refleja esta evolución conceptual, fruto en gran medida de la influencia del movimiento de la discapacidad, que impulsó que la norma incorporara el enfoque de promoción de la autonomía personal.
Financiación del sistema de dependencia: un modelo todavía insuficiente
La financiación del sistema de atención a la dependencia fue otra de las cuestiones centrales del encuentro. Sancho reconoció que se trata de un sistema todavía infrafinanciado en comparación con otros países. Actualmente, explicó, la Administración General del Estado aporta aproximadamente 3.070 millones de euros, lo que supone en torno al 28 % de la financiación total del sistema, mientras que el resto corresponde a las comunidades autónomas y a la aportación de los usuarios mediante copago. Según indicó, este copago puede representar entre un 20 % y un 25 % de la financiación total del sistema, aunque existen diferencias significativas entre comunidades autónomas. En el caso de Madrid, recordó que las personas con discapacidad están exentas de copago en determinados servicios, una situación que contrasta con el ámbito de las personas mayores, donde la aportación económica es mucho mayor. “Estamos ante un sistema de protección social claramente infrafinanciado. En España dedicamos aproximadamente un 0,8 % del PIB a la dependencia, la mitad de lo que destinan los países de la OCDE”, señaló.
Durante el encuentro también se abordó el proceso de transferencia de los centros de discapacidad gestionados por el IMSERSO a las comunidades autónomas. Sancho explicó que este proceso responde a la necesidad de adaptar la gestión de estos recursos al marco competencial actual, en el que las comunidades autónomas son responsables de los servicios sociales. En este sentido, señaló que comunidades como Madrid, Castilla y León y La Rioja ya están participando activamente en el proceso de transferencia de centros, mientras que otras aún no han manifestado su posición. Respecto al centro ubicado en Vallecas, próximo a la sede de la Fundación del Lesionado Medular, indicó que su futuro dependerá de las decisiones que adopte la Comunidad de Madrid una vez se complete el proceso de transferencia. “El objetivo es que estos centros pasen a formar parte de la red de recursos de las comunidades autónomas para responder mejor a las necesidades actuales”, explicó.
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